@Emilienko Cómo convertirse en entrenador Pokémon

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Si la relación médico-paciente no fuera, ya de por sí, complicada, en el caso de la asistencia médica privada se mete por medio un tercero llamado compañía de seguros médicos. De este modo, se forma un extraño trío en el cual:

El médico quiere que la compañía le pague lo máximo posible, pero prefiere pacientes con bajo nivel de complejidad, dado que le reportan el mismo ingreso que los pacientes difíciles.
El paciente quiere contar con una cartera de médicos amplia y de calidad, pero quiere pagar lo menos posible a su compañía de seguros.
La compañía de seguros quiere contar con el mayor número de paciente posible y que estos tengan el mejor nivel de salud, pero disminuyendo el número de actos médicos realizados para minimizar sus pérdidas.

A pesar de que este trío de intereses parece complejísimo, el sistema funciona: los pacientes pagan a sus compañías de seguros y, cuando enferman, acuden a médicos que los atienden, pasando los médicos la factura a las respectivas compañías.

Sin embargo, el sistema no está exento de abusos. Los pacientes, por un lado, al tener mayor accesibilidad, acuden a la Atención Especializada más que a la Atención Primaria, elevando los costes de su enfermedad. Los médicos, al ser remunerados por cada acto realizado, luchamos contra la tentación de revisar al paciente más veces de las que realmente necesita y de solicitar más pruebas de las estrictamente necesarias para elevar nuestros ingresos. Las compañías de seguros, enfrentándose a un gasto cada día más elevado, han de decidirse entre subir las cuotas a sus asegurados, disminuir las tarifas de los actos médicos o ambas.

Todos sabemos que Estados Unidos no es el modelo a seguir a la hora de fijarnos en un sistema de salud; sin embargo, al tener un sistema casi completamente privado, han estudiado mejor que nosotros el problema de los gastos crecientes de la asistencia médica privada.

Así, algunas de las reformas que propone para solucionar este problema son:

Sistematizar las pruebas complementarias que son necesarias para cada síndrome, ahorrando en multitud de determinaciones de laboratorio y pruebas de imagen innecesarias que se solicitan día a día. En España, sigue bastante presente la idea (incluso en muchos médicos) de que cuantas más pruebas complementarias se soliciten a un paciente, mayor será la seguridad diagnóstica en dicho paciente. En plena era de la Evidencia Médica, la afirmación anterior es una solemne tontería. Otro motivo para solicitar más pruebas de las necesarias por parte de los médicos es el miedo a una demanda judicial por no haber pedido tal prueba o tal otra y no haber realizado un diagnóstico correcto. Sistematizar las pruebas necesarias para cada enfermedad, convierte estas demandas en carentes de sentido.

Cambiar el sistema de remuneración de la compañía de seguros hacia el médico desde el pago por acto al pago por problema resuelto. Por ejemplo, diagnosticar y tratar un catarro de vías altas tiene un precio, da igual que este proceso se realice en una visita médica o en cuatro, usando más o menos medios. Sin embargo, diagnosticar y tratar un cáncer de laringe tiene un coste superior, dado que el proceso es mucho más complejo. Son el médico y el paciente, de mutuo acuerdo, los que deciden el número de revisiones necesarias.

Si en Estados Unidos se está intentando imponer este sistema, en España tarde o temprano llegará. Por eso, considero prioritario que los médicos españoles comencemos a pensar en cuáles son las pruebas complementarias que cada síndrome realmente necesita, así en cuál debe ser la cantidad y periodicidad de las revisiones para importunar lo mínimo al paciente sin que las complicaciones de las enfermedades se queden sin ser detectadas.

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Estoy un poco enfadado. En los últimos días, los medios de comunicación nos bombardean acerca de si la sanidad pública es más rentable que la sanidad privada o no. No se andan con medias tintas: en función del signo político del medio correspondiente, cuentan lo contrario. Unos dicen que la sanidad pública es mucho más eficiente que la privada; otros hablan de la conveniencia de la privatización para reducir costes.

Así que tengo algo claro: aquí hay alguien que miente. Y a mí no me gusta que me mientan. Así que me he puesto a hacer las cuentas a mano.

En primer lugar, me he metido en la página del Ministerio de Salud y Consumo, hasta encontrar un documento que dice que el gasto sanitario público en 2010 teniendo en cuenta los cuidados de larga duración fue de 74.732 millones de euros. Ese mismo año, según el Instituto Nacional de Estadística, en España residían 47.021.031 personas. No dice si en ese número están incluidos los inmigrantes ilegales, pero los inmigrantes regulares sí lo están.

Si hacemos el cociente, me salen 1589,33 euros por español y año. Eso al mes son 132,44 euros. ¿Y cuánto vale una compañía privada? Pues varía mucho. Entre 40 y 140 euros al mes. De entrada, parece que una compañía privada por mes cuesta menos. Sin embargo, llegados a este punto, hay que comenzar a tirar dardos a favor de la sanidad pública.

En primer lugar, ser de una compañía privada no proporciona un descuento al comprar fármacos en oficinas de farmacia, como ocurre en la sanidad pública. Así que, al precio de una compañía, hay que sumarle el del gasto farmacéutico por español y mes. Según el Ministerio, en 2010 se gastaron 13.380 millones de euros en farmacia; lo que equivalen a 23,71 euros por español y mes. Claro que ese gasto supongo que también incluye el de farmacia hospitalaria; pero bueno, pongámonos en el caso más desfavorable. Esos 23,71€ tiene que abonarlos de su bolsillo un paciente con una compañía privada. Es decir, por ahora, la sanidad privada es más rentable siempre que cueste al mes menos de 132,44 – 23,71 = 108,73 euros.

Va ganando la privada. Sigamos pues hablando de las ventajas de la pública. Una de ellas, es la existencia de un sistema de Epidemiología y de Vigilancia de la Salud. Para muchos es desconocido, pero existe. Ya no sólo hablamos del control de epidemias internacionales, sino de inspecciones veterinarias, control de aguas, campañas de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas que, a la larga, salen baratas.

¿Cómo van las cuentas ahora? Veamos. Un varón de 64 años que viva en Sevilla pagaría al mes en tres compañías sanitarias conocidas, según sus páginas web, 135,81€, 117,72€ y 121,71€ (una media de 125,08€) en tarifas con prestaciones equiparables a las de la Seguridad Social.

Así que ahora, como la privada va perdiendo en lo que refiere a rentabilidad, hay que defenderla. Se puede decir a su favor que las tarifas para personas más jóvenes son más económicas (la media de las tres compañías anteriores para un varón de 30 años se reduce a 48,52€). En contra de este dato, se puede argumentar que existen compañías que no aceptan a asegurados mayores de 65 años o incluso que los echan (esto me recuerda un poco a lo del reloj de la palma de la mano de «La fuga de Logan«).

Además en la sanidad privada, el coste ha de ser superior, dado que existe un ánimo de lucro que no existe en la pública.

Para acabar, hay que decir a favor de la privada que, mientras las compañías privadas no desgraven en el IRPF, en realidad lo que hacen es reducir gasto a la Seguridad Social. Si hace unos meses defendíamos que los inmigrantes irregulares tenían derecho a la Seguridad Social porque pagan su IVA como todos los demás españoles, las personas con un seguro de salud abonan no sólo el IVA, sino también el IRFP; es decir los impuestos de los que sale el dinero para el gasto sanitario.

Así pues, sigue sin estar muy claro qué es más rentable, si la sanidad pública o la privada. Seguro que tenéis cosas que objetar en estas cuentas, que no son más que una simplificación, pero con los números encima de la mesa me siento más seguro para opinar.

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Cuando el paciente paga, la cosa cambia. Todos los pacientes pagan de una forma u otra: tanto los públicos como los privados. Pero los públicos lo hacen a través de impuestos y, aunque el salario del médico sale de esos impuestos, la sensación de transacción de dinero del paciente al médico público se diluye en el colectivo de Hacienda.

El paciente privado paga, ya sea directamente de su bolsillo o a través de una compañía aseguradora. Esto otorga a la consulta privada un carácter diferente: podría parecer una tienda en la que el médico es el tendero. Una frutería, por ejemplo, en la que uno llega y pide un kilo de peras y otro de manzanas y, en caso de que el género vendido resulte malo, decide no volver.

Hablamos hoy de un viejo tópico: la satisfacción. En el caso de la frutería es fácil: si vendo fruta mala, a menos que lo haga a un precio muy bajo, perderé a un cliente. El médico privado es consciente de que en ese aspecto ocurre lo mismo: un diagnóstico mal hecho o un tratamiento poco adecuado pueden crear la pérdida de un paciente.

Este hecho implica dos cosas: una positiva y otra negativa. La positiva consiste en que cada paciente exige un gran esfuerzo para proporcionarle los cuidados que necesita, potenciando la calidad y la satisfacción y, consecuentemente, la fidelización. Pero cuando la búsqueda de la satisfacción se lleva al extremo, se puede tornar negativa.

Existe un ejemplo claro en el que se puede ver este aspecto negativo de la búsqueda extrema de la satisfacción: el paciente que demanda una prueba diagnóstica o un tratamiento que no está indicado. Es ese paciente con un manejo muy discutido que, antes de explicar qué le pasa, pide una TAC o un medicamento que sólo se dispensa con receta y que no necesita.

En la sanidad pública, el manejo de este paciente se soluciona preguntando al paciente por qué cree que necesita esa TAC o esa medicación y explicándole por qué hacer esa TAC y tomar la otra pastilla no le va a ayudar. Sin embargo, en la sanidad privada, en la que el paciente hace un pago más directo y solicita uno de estos servicios, ¿cómo se debe actuar para no perder la satisfacción del cliente?

En un principio podría parecer que prescibir la prueba es la solución, este pensamiento es una trampa. La solución que requiere el manejo de este paciente es la misma que en la sanidad pública: preguntar al paciente por qué demanda ese servicio y cómo cree que le va a ayudar. Con la respuesta del paciente, uno se hace a la idea de qué es lo que demanda y, por tanto, buscar una solución a su problema.

Aunque en un primer momento podría parecer que la ética y la búsqueda de la máxima satisfacción podrían estar reñidas, no tiene por qué ser así en gran parte de los casos.

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